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Tribunal de Justicia de la Unión Europea

DERECHO ADMINISTRATIVO. LICITACIONES PÚBLICAS. Valoración de las ofertas. Peticiones de aclaración de la oferta presentadas por el poder adjudicador. Requisitos.

Asunto C-599/10, SAG ELV Slovensko y otros - 29-3-2012 (en español)

La sociedad mercantil Národná diaľničná spoločnosť a.s. (NDS), íntegramente controlada por el Estado eslovaco, abrió un procedimiento de licitación restringido, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea del 27 de septiembre de 2007 para adjudicar un contrato público por un valor estimado de más de 600 millones de euros para la prestación del servicio de cobro de peajes en las autopistas y en determinadas carreteras en Eslovaquia.

Al igual que otros candidatos, los grupos de empresas SAG ELV y otros, por un lado, y Slovakpass, por otro lado, presentaron ofertas para ese contrato. Seguidamente, NDS les solicitó aclaraciones relativas a los aspectos técnicos de sus ofertas y explicaciones sobre los precios anormalmente bajos propuestos. Aunque SAG ELV y otros y Slovakpass respondieron a esas cuestiones, NDS las excluyó del procedimiento.

Los dos grupos de sociedades recurrieron judicialmente las decisiones administrativas que los excluyeron del procedimiento. Finalmente, los litigios llegaron al Tribunal Supremo de Eslovaquia, el cual se planteó dudas sobre si las decisiones de NDS respetan los principios del derecho de la Unión relativos a la no discriminación y a la transparencia en la adjudicación de los contratos públicos. En efecto, el citado órgano consideró que NDS había excluido a esos dos grupos del procedimiento sin haberles pedido previamente explicaciones sobre el hecho de que sus ofertas presuntamente no se ajustaban a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones y sin haberles formulado con suficiente claridad las dudas basadas en el carácter anormalmente bajo del precio de sus ofertas. En estas circunstancias, pregunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el proceder de NDS se ajustaba a lo dispuesto en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia, señala, antes de nada, que la Directiva obliga al poder adjudicador a verificar la composición de las ofertas anormalmente bajas y a solicitar a los candidatos que aporten las justificaciones necesarias para demostrar que esas ofertas son serias. Por consiguiente, la Directiva se opone a la postura de un poder adjudicador que sostenga que no le corresponde solicitar al candidato que explique su precio anormalmente bajo.

Asimismo, precisa que el poder adjudicador debe formular claramente la petición de aclaraciones para que los candidatos puedan justificar plena y oportunamente la seriedad de sus ofertas. Sin embargo, incumbe al juez eslovaco verificar si, en el caso de autos, se cumplió esa exigencia.

A continuación, el Tribunal señala que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las ofertas anormalmente bajas, la Directiva no contiene ninguna disposición que indique expresamente qué debe hacerse cuando el poder adjudicador comprueba, en un procedimiento de licitación restringido, que la oferta es imprecisa o no se ajusta a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones. Según el Tribunal de Justicia, ese procedimiento restringido, por su propia naturaleza, implica que, una vez realizada la selección de candidatos y una vez presentada la oferta, en principio esta última no puede ya ser modificada, ni a propuesta del poder adjudicador ni del candidato. En efecto, el principio de igualdad de trato de los candidatos y la obligación de transparencia se oponen, en el marco de este procedimiento, a toda negociación entre el poder adjudicador y uno u otro de los candidatos. Pues bien, en el caso de un candidato cuya oferta se estime imprecisa o no ajustada a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, permitir que el poder adjudicador le pida aclaraciones al respecto entrañaría el riesgX+Ao, si finalmente se aceptara la oferta del citado candidato, de que se considerase que el poder adjudicador ha negociado confidencialmente con él su oferta, en perjuicio de los demás candidatos y en violación del principio de igualdad de trato. El Tribunal de Justicia recuerda también que recae sobre los candidatos la obligación de garantizar que sus ofertas se redacten de manera suficientemente precisa.

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia responde que la Directiva no obliga al poder adjudicador a solicitar a los candidatos, en un procedimiento de licitación restringido, que aclaren sus ofertas en relación con las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, antes de rechazar una oferta por imprecisa o por no ajustarse a tales especificaciones.

No obstante, el Tribunal de Justicia precisa que el poder adjudicador puede solicitar por escrito a los candidatos que aclaren sus ofertas, siempre que ese proceder no implique modificación alguna de las mismas. Asimismo, los datos relativos a una oferta puedan corregirse o completarse de manera puntual, principalmente porque requieran una mera aclaración o para subsanar errores materiales manifiestos, a condición de que esa modificación no equivalga a proponer en realidad una nueva oferta. Sin embargo, una petición de aclaraciones no puede nunca beneficiar o perjudicar al candidato que la recibe y no puede formularse hasta que el poder adjudicador haya tomado conocimiento de la totalidad de las ofertas. Además, la petición debe formularse en principio de manera equivalente para todas las empresas que se encuentren en la misma situación y debe referirse a todos los puntos de la oferta que sean imprecisos o no se ajusten a las especificaciones, sin que el poder adjudicador pueda rechazar una oferta por la falta de claridad de un aspecto de ésta que no haya sido mencionado en esa petición.

Suprema Corte de los Estados Unidos


DERECHO A LA INTIMIDAD. EXÁMENES Y REGISTROS. REGISTRO CORPORAL INVASIVO EN ESTADO DE DESNUDEZ. Admisibilidad. CÁRCELES. Registro de los detenidos al momento de su admisión al centro de detención. Objeto. Excepciones. Razonabilidad. Acusados por delitos menores.

Florence v. Board of Chosen Freeholders of County of Burlington et al. (en inglés) 2-4-2012

Florence fue arrestado durante un control de tránsito por un agente de la policía estadual de Nueva Jersey porque en una base de datos estadual constaba una orden de arresto librada en razón de que no había comparecido a una audiencia a la que estaba citado para ejecutar una multa.

En un primer momento, quedó detenido en el Centro de Detención del condado de Burlington, posteriormente fue trasladado a la cárcel del condado de Essex y finalmente quedó en libertad cuando se estableció que la multa había sido pagada. 

En el primer lugar de detención, Florence –al igual que todos los detenidos que recién ingresan- tuvo que ducharse con un producto piojicida y se controlaron sus cicatrices, marcas, tatuajes de pandillas, y contrabando a medida que se iba desvistiendo. Florence afirmó que también tuvo que abrir la boca, levantar la lengua, mantener los brazos en alto, darse vuelta y levantar sus  genitales.

En el segundo centro, Florence –al igual que los otros detenidos recién llegados- tuvo que desvestirse mientras un oficial lo miraba en búsqueda de marcas en el cuerpo, heridas y contrabando; otro oficial le revisó los oídos, nariz, boca, pelo, cuero cabelludo, dedos, manos,  axilas y otras aberturas corporales. Asimismo, fue obligado a ducharse y se examinó su ropa. Alegó que también tuvo que levantar sus genitales, darse vuelta y toser mientras estaba en cuclillas.

Cuando quedó en libertad, promovió una acción fundada en la §1983 del Título 42 del Código de los Estados Unidos ante un tribunal federal de distrito contra los organismos del gobierno que administran las cárceles, entre otros, denunciando la violación de los derechos que le garantizan las IV y XIV Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, y alegando que las personas arrestadas por delitos o contravenciones de escasa gravedad (minor offenses) no pueden ser objeto de registros invasivos (invasive searches) ya que desnudar a un infractor que no puede ser procesado penalmente (nonindictable offender) para registrarlo (strip-search) sin tener una sospecha razonable viola la IV Enmienda. La Cámara Federal de Apelaciones para el 3er Circuito revocó esta decisión. Entonces, Florence interpuso un writ of certiorari ante la Suprema Corte de los Estados Unidos.


La Suprema Corte de los Estados Unidos, en su sentencia, confirmó la decisión de la Cámara: los procedimientos de registro en las cárceles del condado hicieron un balance razonable entre la privacidad del detenido y las necesidades institucionales y, por lo tanto, las IV y XIV Enmiendas no exigen la adopción del marco y de las reglas propuestas por Florence (pp. 5/18 y 19 del texto original de la sentencia en inglés)

a) El mantenimiento de la seguridad y del orden en los centros de detención requiere de la pericia de los funcionarios penitenciarios, quienes deben tener una amplia discrecionalidad para encontrar soluciones razonables para los problemas. La validez de una reglamentación que incide en los derechos constitucionales de un detenido debe confirmarse “si está razonablemente vinculada con los legítimos intereses penológicos” Turner v. Safley (482 U.S. 78, p. 89). En el caso Bell v. Wolfish (441 U. S. 520, p. 558), esta Corte confirmó la validez de una norma que exige a quienes están en prisión preventiva (pretrial detainees) en cárceles federales “que expongan sus cavidades corporales a fin de que sean inspeccionadas durante un registro realizado en estado de desnudez (strip search) luego de cada contacto con una visita del exterior de las instituciones”, dejando a criterio de los funcionarios penitenciarios la determinación de si las inspecciones persiguen no sólo el objeto de descubrir sino también de desalentar el contrabando de armas, drogas y otros objetos prohibidos. En Block v. Rutherford (468 U. S. 576, pp. 586/587), la Corte confirmó la validez de una prohibición general a las visitas de contacto en una cárcel de condado, destacando la amenaza de contrabando generada por esas visitas y la dificultad de formular excepciones especiales para ciertos detenidos. En Hudson v. Palmer (468 U. S. 517, pp. 522/523), la Corte también reconoció que el desaliento a la posesión de contrabando depende, en parte, de la capacidad para realizar registros sin excepciones previsibles, al confirmar la constitucionalidad de registros al azar de los lockers y celdas de los presos sin tener una sospecha de que uno de ellos está ocultando un elemento prohibido. Estos casos establecieron que los funcionarios penitenciarios deben estar habilitados para elaborar políticas razonables de registros a fin de detectar y desalentar la posesión de contrabando en sus instalaciones, y que “ante la inexistencia de prueba sustancial en el expediente que acredite que los funcionarios han respondido en forma exagerada a estas consideraciones, los tribunales normalmente deben dejar que esas cuestiones sean resueltas conforme a su criterio experto” Block, cit, pp. 584/585.

Las personas arrestadas por delitos o contravenciones de escasa gravedad pueden ser algunas de las que quedan detenidas en cárceles. Ver Atwater v. Lago Vista (532 U. S. 318, p. 354) (pp. 5/9 del texto original de la sentencia en inglés)

(b) La cuestión que aquí tenemos que resolver es si las incuestionadas exigencias de seguridad propias de la supervisión de una prisión prevalecen sobre la afirmación de que algunos detenidos deben estar exentos de los procedimientos invasivos de registro aquí descriptos cuando no exista una sospecha razonable de que tienen escondida un arma u otro contrabando. Los funcionarios penitenciarios tienen un importante interés en realizar un registro exhaustivo  como elemento estándar del proceso de ingreso de un preso. La admisión de nuevos internos crea riesgos para el personal, para la población existente de detenidos y también para los nuevos detenidos. Por lo tanto, los funcionarios deben identificar las infecciones contagiosas y heridas y lesiones que exijan atención médica inmediata. Puede resultar difícil identificar y tratar los problemas médicos hasta tanto los detenidos se quitan la ropa para ser revisados visualmente. Las cárceles y prisiones también enfrentan una potencial violencia de pandillas y esto les da una razonable justificación para hacer una inspección visual de los detenidos para identificar la afiliación a pandillas durante el proceso de admisión. Adicionalmente, los funcionarios penitenciarios tienen que detectar armas, drogas, alcohol y otros elementos prohibidos que los nuevos detenidos puedan poseer. Las drogas pueden tornar agresivos a los internos hacia los funcionarios o entre sí, y el tráfico de drogas puede dar lugar a confrontaciones violentas. El contrabando tiene valor en la cultura carcelaria y en la economía informal, y la competencia por la obtención de bienes escasos puede conducir a la violencia, extorsión y desorden. (pp. 9/13 del texto original de la sentencia en inglés) http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-945.pdf

(c) La propuesta de Florence –a saber, que se exceptúe de los registros invasivos a los nuevos detenidos que no hayan sido arrestados por crímenes serios ni por delitos que incluyan armas o drogas, a menos que generen en los funcionarios una razón específica para sospechar que están ocultando contrabando- es inviable. La seriedad de un delito es pobre como elemento para predecir quien tiene contrabando, y sería difícil determinar si las personas detenidas caen dentro de la excepción propuesta. Incluso las personas arrestadas por delitos o infracciones de escasa gravedad pueden ser coaccionadas por otros para ocultar contrabando. Por lo tanto, exceptuar a las personas arrestadas por delitos menores de la sujeción a un protocolo estándar de registro puede ponerlas en un riesgo más serio y dar lugar a que ingrese más contrabando al centro de detención.

También puede resultar difícil clasificar a los presos por los delitos actuales o previos antes de someterlos al registro de admisión. Los funcionarios penitenciarios, en esta etapa, saben poco acerca del detenido, quien puede tener un documento de identidad falso o mentir en relación a su identidad.  Los funcionarios que realizan un registro inicial muchas veces no tienen acceso al prontuario criminal. Y ese prontuario puede ser inexacto o estar incompleto. Incluso contando con información precisa, los funcionarios enfrentarían serias dificultades de implementación. Tendrían que determinar rápidamente si los delitos vinculados al ingresante son suficientemente serios para autorizar la aplicación del protocolo del registro más riguroso. Otra posible clasificación basada en las características de las personas detenidas también podría resultar inviable o incluso dar lugar a imputaciones de aplicación discriminatoria. Para evitar incurrir en responsabilidad, los funcionarios podrían tender a no realizar un registro exhaustivo en ningún caso dudoso, creando así un riesgo agravado innecesario para toda la población carcelaria. Si bien las restricciones propuestas por el peticionante limitarían la intrusión en la privacidad de algunos detenidos, ello sería a costa de generar un riesgo agravado para todos las personas de la dependencia, incluyendo a los delincuentes menos serios. Las IV y XIV Enmiendas no exigen adoptar el marco regulatorio propuesto. (pp. 13/18 y 19 del texto original de la sentencia en inglés)

El Justice KENNEDY, expuso la opinión de la Corte, a excepción de su Parte IV. El Chief Justice ROBERTS y los Justices SCALIA y ALITO votaron favorablemente la totalidad de la opinión mayoritaria. El Justice THOMAS también la votó, a excepción de su Parte IV.

El Chief Justice ROBERTS y el Justice ALITO presentaron votos concurrentes.
El Justice BREYER presentó una disidencia que contó con la adhesión de las Justices GINSBURG, SOTOMAYOR y KAGAN.


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