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El Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto*

 

José Gomez Porchini

Si gano, gano todo.
Si pierdo, no pierdo nada.
San Antelmo,
Citado por Miguel Corona,
Abogado regiomontano.

Dedicatorias:
A mi esposa, Lic. María Ernestina Garza Salas,
y a mis hijos, José Manuel y Daniel Ernesto,
que han soportado mi ausencia.
A mi madre y a mi tía, por creer en mí.
A mis hermanos, por su apoyo, siempre.
A mis maestros.
A mis alumnos, de aquí y de allá.
A mis compañeros de trabajo, por su apoyo irrestricto.



Índice

Siglas y abreviaturas utilizadas

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I MARCO HISTÓRICO:
1.1. Antecedentes históricos

1.1.1. Planteamiento del problema

1.1.2. Justificación
1.2. Antecedentes formales
CAPÍTULO II ASPECTOS CONSTITUCIONALES:
2.1. Aspectos constitucionales

2.2. ¿Por qué es constitucional una disposición?
2.3. ¿Qué son los impuestos?

2.4. Los impuestos directos e indirectos
CAPÍTULO III DIFERENCIAS ENTRE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO SOCIAL:
3.1. Desarrollo
CAPÍTULO IV EL IASSI DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL:
4.1. Introducción

4.2. Formas de aplicación del IASSI
4.3. El IASSI y los adultos mayores

4.4. El IASSI y los menores “cerillos”

4.5. El IASSI y las empresas de gobierno
4.6. El IASSI y las empresas privadas

4.7. El IASSI y los campesinos

4.8. Formas de recuperar lo cubierto por IASSI
Conclusiones
Bibliografía


Siglas y abreviaturas utilizadas
AFORES Administradoras de fondos para el retiro
CONAGO Convención Nacional de Gobernadores
CURP Clave Única de Registro de Población
IASSI Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
IVA Impuesto al Valor Agregado
PEMEX Petróleos Mexicanos
SAR Sistema de Ahorro para el retiro
v. gr. verbigratia (por ejemplo)

Resumen


En ocasión de la actualidad del tema de las finanzas de los Institutos que proporcionan Seguridad Social en el País, así como de la problemática consistente en la falta de cultura del ahorro, en la realidad que existe por la evasión y la elusión fiscal, incluyendo el contrabando, el trabajo que se expone busca una solución jurídica a un problema político y social. En la elaboración del presente trabajo se utilizaron diversos métodos de investigación, realizándose más de trescientas entrevistas personales por el autor con gente de diferente idiosincrasia. El planteamiento fue en el sentido de que si estarían de acuerdo en que parte de sus impuestos se aplicara a favor de una cuenta particular de ahorro que sirviera de base para su futura pensión. Con vista al resultado de la encuesta practicada, se procedió a realizar lo que se denomina Método Dinámico de Investigación, según Carlos Muñoz Razo.[Nota 1]
Se encontró que la inmensa mayoría mostró entusiasmo ofreciendo varios votar por el autor al explicarles la tesis, pues sólo cuatro personas de los más de trescientos entrevistados, se mostraron, más que contrarios a la propuesta, inmensamente desilusionados y desconfiados del sistema político. Lo rescatable de esto, es que la mayoría, aún confía en que se puede alcanzar un mejor nivel de vida, y que los problemas, tienen solución. De hecho, el autor del texto, sigue confiando en que pueden existir mejores escenarios, y la muestra, es el trabajo que pone a su disposición. Se plantean a lo largo del trabajo, tanto la forma de recaudar el impuesto que se propone, como los destinos del mismo. Debe hacerse un especial énfasis en la propuesta de que al fallecer el titular de una cuenta, los caudales no puedan ser cobrados por el beneficiario, sino que deben ser acreditados en su cuenta, pues esa será la manera de conseguir, a lo largo de los años, que todos sean tenedores de cuenta con la suficiente capacidad para solventar pensiones.

Introducción


El presente trabajo tiene como finalidad, por orden práctico, no de importancia, obtener el Grado que corresponde a los estudios realizados por el autor en la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo impartida por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el periodo de septiembre de dos mil a enero de dos mil tres.
De igual modo, pretende contribuir a lograr uno de los más preciados sueños de los mexicanos todos: ahorrar y garantizar la seguridad social.
Así mismo, se pretende demostrar que se puede imbuir en la población, la cultura del ahorro y del cumplimiento de las obligaciones fiscales, que si bien mucha gente no logra entender el por qué de las mismas, sí sienten en su bolsillo que están cargando con una obligación de la que no participan en modo alguno, según la idea generalizada.
Sin embargo, es sabido que precisamente el pago de impuestos, constituye obligación a cargo del contribuyente, quien debe reunir los requisitos que la propia ley establezca.
Existen entonces, impuestos de carácter general, obligatorios, específicos, que no brindan contraprestación directa alguna, aún cuando sea conocido que precisamente de los impuestos es que vive el gobierno y puede realizar obras y cumplir su cometido, que es proporcionar a los mexicanos el país que se desea; existen también impuestos, que más propiamente serían denominados derechos, contribuciones o aportaciones de seguridad social, que percibe el Estado a cambio de brindar una determinada contraprestación a quien lo paga.
La propuesta que aquí se expone, consiste en crear un impuesto indirecto, es decir, uno que se pague en cada operación gravada con IVA, y que se destine a fomentar el ahorro como medio de lograr la riqueza nacional, garantizar la seguridad social, prevenir el comercio informal, la piratería, el lavado de dinero y demás temas que encontraremos a lo largo del presente trabajo.
Este impuesto nuevo, equivalente a una parte porcentual del IVA, respetaría el quince por ciento conforme la regla de aplicación general, y el diez por ciento según está establecido en las fronteras. Podría incluso, ser de uno, dos o más puntos, conforme lo determine el Congreso de la Unión.
La suma de los impuestos a cubrir, nos seguiría dando un quince o un diez por ciento a cubrir por el consumidor, del cual, una parte será para el ahorro nacional y los restantes, se manejan como está establecido en la legislación fiscal.
De manera primordial, se pretende garantizar la seguridad social, lo que significa que el Estado asuma su responsabilidad como garante de ella, con auxilio de la población, pues el esquema actual, en México y los demás países, creado y establecido sobre la base que deban ser los trabajadores y las empresas los que soporten la carga de la seguridad social, no ha dado resultado.
El temario incluye, en primer término, los problemas reales que se pretende atacar; luego, la justificación de este trabajo; los antecedentes consultados para partir de bases ciertas; las definiciones necesarias, sobre todo las de corte constitucional; la definición de impuestos, directos e indirectos; la explicación y diferencias de Seguridad Social y Seguro Social; la ubicación del Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto dentro del marco constitucional; la forma de aplicación del mismo; y por último, las bondades del impuesto con diversos sectores de la población y sus alcances, así como la forma de recuperar dichos pagos.
Si como resultado de este trabajo, realmente se logran sus propósitos, podrá alcanzarse un desarrollo social más justo, donde exista un real acceso a la seguridad social, creando un mejor país, para la presente y las futuras generaciones.

CAPÍTULO I - MARCO HISTÓRICO


1.1. Antecedentes Históricos.

La relación entre personas, por la cual una presta a otra un servicio personal subordinado, tuvo al principio diversos matices. Se prohijó la esclavitud, como derivado de las conquistas de un pueblo a otro. Nacieron los mercenarios, es decir, quienes cobraban merces [Nota 2] por su trabajo, al alquilarse para realizar esfuerzos físicos en los que a veces les iba la vida en juego. Se crean también, los honorarios, honorarium [Nota 3], para aquellos que alquilan su capacidad intelectual, no sólo su esfuerzo físico. Esto lo regula el Derecho Civil y así permanece por muchos siglos.
Los trabajadores empezaron a sentir la solidaridad del gremio y se crearon los primeros sindicatos y esfuerzos por elevar su nivel de vida, encauzando muchas veces sus afanes por derroteros equívocos. Definitivamente, no existe un manual para la humanidad de cómo ha de comportarse para alcanzar el desarrollo pleno, y por ende, la felicidad. Ese ha sido el reto de los gobiernos y de los grandes pensadores, quienes han aportado, cada uno, una pizca del desarrollo del hombre.
Cuando en 1917, la primera constitución política de tipo social del mundo recoge el sentir obrero y lo plasma en el artículo 123, ordena la creación de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, y después, en enero de 1943, estatuye el Seguro Social Obligatorio en México.
El Gobierno emanado de la Revolución Mexicana, se mostró muchas veces como pionero en conquistas de los obreros, transformando a los sindicatos en verdaderos actores de la vida nacional, e interlocutores serios del quehacer cotidiano.
Sin embargo, al no adecuarse las instituciones a los tiempos tan cambiantes, con una mayor demanda de servicios de Seguridad Social, empezó a darse el rezago en la recaudación a favor de quienes proporcionan pensiones, al grado de que en la actualidad, es uno de los temas que más distraen la atención nacional.

1.1.1. Planteamiento del problema

El problema a resolver, es la forma de allegar los recursos necesarios para que los organismos de seguridad social que coexisten en el país, sean capaces de afrontar sus compromisos.
El problema a resolver, es cómo respetar los derechos y conquistas que los sindicatos y gremios han obtenido, sin que ello implique la quiebra del patrón, llámese particular o gobierno.
El problema a resolver, es cómo superar la crisis de credibilidad en que ha caído el gobierno, pues la población no confía en las instituciones, habida cuenta del desgaste público que algunas han tenido que soportar.
En suma, se trata de encontrar el modo de que México siga siendo un país viable, en el que sus hijos puedan sentirse confiados, ciertos de que el futuro será prometedor, y no que deban pensar en mudarse a otros lares, a encontrar la paz y prosperidad que su propia patria pareciera negarles.

1.1.1.1 Problema real: falta de seguridad social.
Sólo un 40.1% de la población total del país tiene acceso a seguridad social. Del referido universo de 40.1% cubierto, el 80.6% (48’872,403) obtiene el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social; un 14.7% (10’236,523) son protegidos por el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, un 2.7% (664,938) son atendidos por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y el resto, un 2.7% (2’155,576) son atendidos por otros organismos, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, organismos estatales, universidades públicas, etc. [Nota 4] [Nota 5] (Datos tomados de INEGI tal cual).

1.1.1.2. Problema real: falta de ahorro y de cultura del ahorro.
No existe ahorro ni cultura de ahorro. El mexicano es reacio a confiar en instituciones y no cuenta, en su inmensa mayoría, con capital para acudir al ahorro. Peor aún, ni entre la población con capacidad económica suficiente, existe la cultura del ahorro.

1.1.1.3. Problema real: lo reducido del universo de contribuyentes.
Sólo un 12% de la población paga Impuesto sobre la Renta.

1.1.1.4. Problema real: falta de pago de impuestos indirectos
Los comerciantes no cobran IVA, no reportan ventas y existen evasión y elusión de impuestos.

1.1.1.5. Problema real: falta de apoyo a la Tercera Edad.
Sólo un 51.3% del total de la población con edad de 65 años en adelante, tiene pensión otorgada por el IMSS, ISSSTE, PEMEX u otros. [Nota 6]

1.1.1.6. Problema real: incapacidad de las empresas para pagar cuotas al IMSS.
La política de cobro de cuotas del IMSS es hostil y agresiva.

1.1.1.7. Problema real: comercio informal, pirata y contrabando.
Existe muy extendido el comercio informal, precisamente porque existen compradores que evitan los negocios establecidos, pues con el informal no pagan impuestos directos ni indirectos y una de las principales razones es que el informal es más barato. Al cliente no le interesa si el comerciante paga o no sus impuestos.

1.1.1.8. Problema real: el lavado de dinero.
Precisamente por la falta de pago de impuestos debido a la ineficiente fiscalización, existe en gran medida el lavado de dinero.

1.1.1.9. Problema real: Incapacidad del Seguro Social para cubrir su pasivo laboral.
Esto no necesita mayor explicación.
En el periódico El Norte del veintidós de abril de dos mil cuatro aparece lo siguiente:
“Al exponer cifras económicas del IMSS, Levy dijo que la situación es grave porque cada mes el pasivo laboral aumenta 4 mil millones de pesos y en menos de seis años se duplicará de 21 mil a 47 mil millones de pesos lo que se destine al pago de pensiones y jubilaciones.” [Nota 7]
Se debe agregar que el tema es motivo y causa de la Convención Nacional Hacendaria que se ha venido celebrando en diversas sedes en la república.
El Norte, periódico diario que aparece en Monterrey, Capital de Nuevo León, publicó en primera plana del sábado siete de febrero de dos mil cuatro, una nota con el siguiente encabezado y texto:
“Propone Sojo nuevo sistema de pensiones. JURIQUILLA.- El Coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, Eduardo Sojo, propuso ayer impulsar la creación de un sistema nacional de pensiones que alivie la carga de estos pasivos laborales.
El nuevo sistema tendría tres propósitos: viabilidad financiera de largo plazo, viabilidad de fondeo y certidumbre a los trabajadores.
En el marco de la Convención Nacional Hacendaria, donde participa como presidente de la mesa sobre deuda pública, Sojo explicó que fondear el sistema de pensiones es una necesidad tanto fiscal como social.
“Eso permitiría que se elevara el ahorro nacional y eso posibilitaría el poder financiar proyectos de largo plazo”, recalcó.
“Estos temas no tienen vuelta de hoja: o los resolvemos ahorita o los resolvemos después, pero no hay forma de darle la vuelta”.

Optimista, Sojo aseguró que hay grandes oportunidades para mejorar el sistema de pensiones.
“No nos hemos sentado todos los actores, formalmente, a discutir este tema del sistema de pensiones; sí tenemos oportunidad para transformar nuestro sistema federal”. [Nota 8]
Más adelante, en interiores, página 5 A, el mismo periódico publica una nota que denomina IMPULSAN CAMBIOS A PENSIONES, que en su último párrafo establece:
“Un diagnóstico que fue entregado a los participantes refiere que el desarrollo del déficit pensionario está ligado al proceso de envejecimiento de la población, mismo que deterioró la relación entre trabajadores activos y pensionados, por lo que las finanzas públicas federales tienen presiones para el pago de pensiones”. [Nota 9]
De lo expuesto en los dos comentarios transcritos, se destaca lo relativo a: “permitiría que se elevara el ahorro nacional”, así como que: “deterioró la relación entre trabajadores activos y pensionados”, es decir, existe certidumbre que falta ahorro nacional, y que la carga de la seguridad social se deja caer toda en hombros de los trabajadores afiliados a algún régimen de este tipo; del patrón, que por cierto no tiene acceso a prestación alguna; y del Estado, que realiza aportaciones. Esto es un error que se demostrará en el presente trabajo, pues se parte de la base de que la Seguridad Social, función del Estado, compete a la población toda, y no sólo a los trabajadores.
El haber depositado de manera secular la seguridad social sólo en los trabajadores del mercado formal, olvidando que al fallecer éste, su viuda e hijos perciben pensiones, que son las más, se carga el peso de todo el sistema de seguridad social en unos cuantos, cuando que son muchos los que reciben beneficios.
No se debe olvidar que aún en vida del trabajador activo, la seguridad social que se le proporciona no sólo es en su favor, pues también tienen derechos hijos y esposas, en suma, la familia toda, sin que estos últimos hayan efectuado aportación alguna, pues no existe mecanismo que así lo permita. El crear ese mecanismo, es el propósito de este trabajo.
Para alcanzar este propósito, se debe recordar que los progresos de la humanidad en materia de derecho y justicia han ido siempre a la zaga de los avances en otras materias. El derecho positivo se modifica según los tiempos y se nutre de los cambios tecnológicos, científicos y sociológicos, entre otros, que el ser humano va realizando.
Si se toma como punto de partida los problemas reales que ya se enumeraron, entonces se está ante un panorama general bastante alarmante de la sociedad actual que debe mover a considerar seriamente la situación.
Ante eso, y en función de pretender hacer un aporte que en diversas medidas constituya solución de fondo a los referidos problemas reales, se somete a su consideración la presente tesis. Se pretende demostrar que un instrumento jurídico, aplicado correctamente, es capaz de constituir un detonador de la economía del país, creando riqueza vía ahorro, generando la cultura del pago de impuestos, y sentando las bases para que el estado cubra el papel de titular de la seguridad social que la Constitución, la ley, la doctrina y la realidad le imponen.
También es posible demostrar, partiendo de hechos reales que se han dado en los tiempos, que la justa distribución de la riqueza generada por el trabajo, es la única que es capaz de convertir en rico, a un país con carencias. Sólo el trabajo, y sus consecuencias, generan riqueza. Lo demás, especulación, intermediarismo, esclavitud, etc., producen irritación social, tristeza y pobreza para la inmensa mayoría y en consecuencia, países pobres con algunos ciudadanos ricos, parafraseando a la máxima del mundo de negocios:
“empresas pobres con empresarios ricos”.
Abundando en el tema, y tomado del periódico El Norte, de catorce de abril de dos mil cuatro, en su columna Plaza Pública, Miguel Ángel Granados asienta:
“...Pero tienen razón los trabajadores al argumentar que la solución al problema real no puede descansar sólo en la afectación de un sector. Se reclama una solución global, que por un lado mire al pasado y establezca las causas y las responsabilidades de las administraciones imprevisoras, y por otro lado vea el futuro y con amplitud establezca un régimen jubilatorio justo y pagadero”. [Nota 10]
Aparece también la nota publicada en El Norte del diez de febrero de dos mil cuatro, que reza:
“Prevén que pensiones rebasen costo de deuda.
El costo de las pensiones del sector público crece a tal grado que en el largo plazo superará la actual deuda interna y externa del gobierno federal, advirtió la Secretaría de Hacienda. ....Al participar en el foro “El sistema de pensiones en México, presente y futuro” en la Cámara de Diputados, (Enrique) Moreno Cueto aseguró que en los últimos 20 años la población de pensionados en el ISSSTE ha crecido 450 por ciento y la cotizante sólo 49 por ciento. Precisó que cualquier reforma al sistema de pensiones debe plantearse en tres segmentos: una en la población pensionaria, que ya tiene derechos adquiridos; en los cotizantes y en la población nueva. Actualmente el ISSSTE tiene 10 millones de derechohabientes, menos de la cuarta parte son cotizantes y el resto beneficiarios”.
[Nota 11]
Ese es precisamente el punto que se analiza en el presente trabajo: que la seguridad social es asunto de todos los pobladores de un país, no sólo de los asalariados. Que no se puede descansar el peso total de la carga de la seguridad social en sólo un sector, cualquiera que este sea.
Pedro Sánchez Cuervo, director de la práctica de retiro de la firma Watsin Wyatt, en conferencia impartida a los socios de Ejecutivos de Relaciones Industriales, establece que:

“El problema más grave en el sistema de seguridad social en México es la cobertura de los gastos médicos de los derechohabientes del IMSS a los 12.5 millones de empleados en activo y jubilados que tienen derecho al servicio médico. En segundo término, agregó se encuentra el tema del ISSSTE en términos de valor, y en tercer lugar los beneficios de jubilación de los trabajadores del seguro social. ...El especialista dijo que el aumento en el ahorro puede solucionar el problema de largo plazo". [Nota 12]

1.1.2. Justificación.

La tecnología constituye la aplicación de herramientas de diversa índole, a efecto de hacer más sencillo el trabajo a desarrollar.
La tecnología no siempre ha sido bien vista por los juristas, pues su propia formación intelectual los convierte en seres reacios al cambio, al no alcanzar a comprender los vericuetos de los aparatos modernos, así se llamen en su tiempo, ábaco, imprenta, máquina de vapor, computadora, etc.
Hoy existen, y son fáciles de usar, con los conocimientos técnico-científicos apropiados, equipos de computación con programas de software que permiten una amplia gama de aplicación, que van desde llevar inventarios en cadenas de supermercados, hasta ofrecer
“puntos” por acumulación de consumos, verbigracia, en aerolíneas que ofrecen vuelos gratis al acumular tantas “millas”, restaurantes que ofrecen comidas gratis al acumular “puntos”, tarjetas de crédito que intercambian “puntos” por productos y aún por dinero en efectivo.
Existe pues, la herramienta tecnológica capaz y suficiente, para utilizarla en el asunto jurídico a estudio.
Y el asunto jurídico a estudio, origen y cuna del presente esfuerzo, es implementar un instrumento jurídico que permita arribar al propósito planteado y que ha de denominarse Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto, mismo que se maneja por sus siglas en el presente trabajo, IASSI, un impuesto constitucionalmente posible, jurídicamente aplicable, tecnológicamente sin trabas, que servirá para solucionar los problemas planteados, hipótesis que se tratará de demostrar en el desarrollo de este trabajo. Por cuestión práctica, y porque así debe corresponder, según el criterio utilizado, se denominará como impuesto a la herramienta jurídica propuesta.
Se tomará una parte del IVA, a aplicarse a favor de la cuenta del titular, según los casos que se manejan.
Deberá reformarse la Constitución, para incluir como derecho y obligación, lo referente al ahorro y la seguridad social y además, promulgar y reformar las leyes que sean necesarias, las que más adelante se detallan
.

1.2. Antecedentes Formales

México, como país, ha sido ejemplo en sus instituciones jurídicas para toda latinoamérica, habiendo aportado elementos jurídicos dignos de ser emulados.
Actualmente, algunos países hermanos del sur, cuentan con seguridad social y fondos de pensiones muy avanzados, v.gr., Chile, Colombia, Argentina.
La seguridad social suiza, también consultada como antecedente de este trabajo, ha sido el ejemplo a seguir por los países nombrados, y también ha sido el modelo que los Estados Unidos de Norteamérica han implementado en su país.
Es decir, cada trabajador va aportando a su cuenta individual de retiro, conocidas anteriormente en México como cuentas SAR, y posteriormente como AFORES y de ahí, va labrando el monto de la pensión que al final de su vida productiva habrá de percibir.
Actualmente un trabajador aporta aproximadamente $2.00, (DOS PESOS), con un salario de cien pesos diarios. Es decir, aporta el 2% de su salario para seguridad social.
Sin embargo, siguiendo al Maestro Gustavo Cano Arce, se considera que la seguridad social es una función que compete exclusivamente al Estado, y que cualquier intento de la iniciativa privada de substituirse en las funciones y competencia del estado, es una arrogancia que invariablemente termina mal.
La película en la que el actor principal es Danny de Vito, denominada
“Riqueza Ajena”, trata precisamente sobre los fondos de pensiones de las empresas en el país vecino al norte, y de cómo, un mal manejo de particulares, puede destruir una fortuna amasada en muchos años.
Es la historia de una empresa de corte familiar, que decidió dedicar un mínimo porcentaje de sus ventas a constituir el fondo para pensionar a sus propios trabajadores, y cómo, tras más de treinta años de ahorros, contaban con un capital de varios millones de dólares. Sin embargo, las vicisitudes del comercio, orillaron a la quiebra a la empresa, pues sus propietarios, con mística de servicio, entrega y lealtad a sus obreros, se negaron a tocar un sólo dólar del fondo de pensiones. Llega un malvado, claro, De Vito, compra la negociación en un puñado de dólares, sólo para quedarse con el fondo de pensiones, habiéndoles regalado la fábrica a los trabajadores, que se quedaron con un elefante muerto y sin sus activos reales.
En México, tenemos como ejemplo de empresa a las que acabó devorando su pasivo laboral, la otrora orgullosa Fundidora de Monterrey, origen de grandes fortunas, que otorgó generosas pensiones a quienes terminaron su ciclo laboral, y que a la larga, fueron uno de los motivos de su quiebra.
Definitivamente que el trasladar el costo de la seguridad social a las empresas, va creando un monstruo de incalculables dimensiones, que impiden el crecimiento sano de las empresas, frenan la productividad y desalientan la inversión.
Convencer a cada individuo a que vaya labrando su propio fondo de pensiones, mediante el ahorro sistemático, sería lo ideal. El ahorro, como forma de vida, es maravilloso. Sin embargo, se puede decir que los sueldos no alcanzan, en los casos de quienes tienen un sueldo. Pero en aquellos en que el jefe de familia trabaja por su cuenta, ¿Ahí, qué se puede decir?
Realmente, aquél que se dedica al comercio en mediana o pequeña escala, el vendedor de libros a domicilio, el comisionista, el profesionista independiente, todo aquél que no percibe un sueldo fijo de patrón definido que le vaya generando seguridad social vía aportaciones al seguro social o a algún sistema de pensiones, queda a lo largo del tiempo, desprotegido en su vejez o en caso de un accidente incapacitante.
De ahí la afirmación de que la seguridad social compete al Estado.
Sin embargo, el Estado tiene como finalidad, en sus Presupuestos de Egresos y Ley de Ingresos, recabar lo necesario para el funcionamiento de él mismo, debiendo erogar anualmente todo lo que recauda. Luego entonces, al gobierno no le es válido tener
“guardaditos”.
Es de recordar, que el gobierno mexicano, mediante la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, encontró el modo jurídico-práctico para cumplir su responsabilidad. Lamentablemente, estudios actuariales han demostrado que el seguro social se ha descapitalizado, pues eroga en servicios lo que corresponde a pensiones y viceversa. La crisis del seguro social llegará más temprano que tarde. De hecho, ya llegó.
Al empezar a funcionar, los créditos a favor del seguro social se convirtieron en un dolor de cabeza para los juzgados del orden civil, pues al establecerse en la ley promulgada el 5 de enero de 1943, que dio origen al seguro social, que se les homologaba a verdaderos títulos de crédito, que traían aparejada ejecución, los abogados del seguro social inundaron con demandas los juzgados.
[Nota 13]
Aparece entonces, como se asentó al principio, la necesidad de transformar el derecho positivo, en algo que respondiera a los retos del momento. Se eleva a rango constitucional la obligación de pagar aportaciones de seguridad social a los patrones, y se establece el sistema tripartito, es decir, cuotas iguales a patrones, trabajadores y gobierno.
El gobierno se encarga de vigilar que el patrón pague su parte, que retenga la del obrero y la entere oportunamente. Aquí, los créditos del seguro social, ahora con carácter fiscal, se tornan de ejecución forzosa por el propio instituto, con lo que abandonan los juzgados y crean su propio medio de ejecución, así como sus recursos de impugnación.
Sin embargo, el seguro social deja caer todo el peso de su costo, a sólo una ínfima parte de quienes acuden a solicitar sus servicios, pues por cada trabajador asegurado, existen tres, cuatro o más dependientes económicos que también requieren servicios médicos, pero que jamás aportan nada a favor del Instituto. Los dependientes, que son la esposa o concubina, hijos y padres, también requieren servicio médico y medicinas, amén de que tienen acceso a pensiones por viudez, orfandad, etc. Ésta ha sido la causa de la descapitalización de tan noble institución.
Tenemos ahora el caso de las mujeres trabajadores de maquiladoras, que con un salario que apenas rebasa el mínimo, han adquirido el derecho de dar de alta como sus dependientes, a sus esposos o concubinarios, amén de sus hijos y padres, por lo que toda una familia, de más de seis o siete miembros, tiene acceso a seguridad social. Y qué bueno. Ése es el ideal. Lo interesante es encontrar la fórmula que permita la vida plena del Instituto.
¿Por qué el esposo o compañero de la trabajadora de la maquiladora no tiene derecho por sí mismo a la seguridad social? Normalmente, porque trabaja en el comercio informal. Es albañil, vendedor ambulante o expende artículos de contrabando, pudiera ser profesionista independiente, pero no percibe sueldo formal de empresa establecida, que lo inscriba en el seguro social o en algún sistema de pensiones, y aunque tenga ingresos medianos o altos, no existe mecanismo alguno que le permita cooperar con el instituto. Vamos, la propia gente le guarda resquemores al instituto, pues sabe que es implacable en el cobro de sus cuotas. ¿Cómo no ha de serlo, si necesita hasta el último céntimo que pueda recaudar?
Aquí, resulta aplicable el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto.
Al cambiar el autor su domicilio a Monterrey, Nuevo León, acudió a las aulas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, su Alma Mater, a buscar a sus compañeros de generación, a sus maestros, a sus amigos, a sus pasillos.
Encontró la mejor gente, edificios modernizados y tuvo oportunidad de colaborar como Catedrático de Derecho Fiscal, en noveno semestre, en el periodo lectivo agosto de dos mil tres a enero de dos mil cuatro.
Tuvo alumnos maravillosos, de quienes aprendió muchísimo. Trató, eso sí, de interesarlos en descubrir nuevos conocimientos, al grado que uno de ellos dijo que su padre le mandaba felicitar, porque había logrado interesarlo en la lectura. Se agradece profundamente ese recado.
Otros, le acompañaron como pasantes, como prestatarios de servicio social, le auxiliaron en trámites administrativos, y muchos, la inmensa mayoría, le prodigaron su amistad. Lo agradece infinitamente.
No todo fue belleza. En ese semestre, para octubre de dos mil tres, se programó a efectuarse en Monterrey, Nuevo León, la Convención Nacional Hacendaria, convocada por la Conago, y solicitó a sus alumnos realizaran un trabajo al respecto. Se canceló la Convención, la Reforma Fiscal y por consecuencia, el trabajo.
Sin embargo, consciente de que había concluido la carga académica de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo cursada en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, precisamente su Estado natal, donde tiene raíces muy hondas y amigos muy cercanos, trató de enfocar sus afanes y los de sus alumnos, a encontrar una forma de generar riqueza, ampliar el universo de contribuyentes, controlar el comercio informal, el contrabando y la piratería, es decir, transformar México.
Logró interesarlos a participar en un concurso de conocimientos en Derecho Fiscal, organizado por la propia Facultad, habiéndose inscrito doce de cincuenta y ocho, consiguiendo el Segundo Lugar, primer galardón obtenido por un grupo del turno nocturno. Le quedan para siempre, el Diploma y la satisfacción del deber cumplido.
A algunos de sus alumnos, les dio un esbozo de sus pensamientos, consiguiendo generar curiosidad académica, mas a ninguno le expuso abiertamente sus planes.
Empezó a interrogar a cuanta gente trataba, su opinión en el caso de que se aplicara el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto, claro, sin dar mayores detalles, ni anunciarlo ya con nombre. Las respuestas fueron siempre las mismas: un apoyo total y un gran interés.
El cuestionario aplicado resulta sencillo: ¿Estarías de acuerdo en que parte de los impuestos que pagas, se aplicaran en una cuenta a tu nombre, para efecto de incrementar tu pensión por cesantía o por riesgo profesional? La respuesta fue en casi todos los casos, más de trescientos, positiva. Ahí nace este esfuerzo.
No es válido olvidar el esfuerzo desarrollado por la Doctora en Sociología Asa Cristina Laurell, que en un delicioso texto intitulado Mexicanos en Defensa de la Salud y la Seguridad Social, plantea precisamente el origen del problema. Se transcribe una parte muy importante de su obra. El subrayado es del autor:
“El problema principal respecto de la protección social de los adultos mayores en México es, sin duda, la restringida cobertura de los sistemas de pensiones y su dependencia de la relación laboral formal. A ello se añade la ausencia de programas orientados a proveer servicios de cuidado y apoyo a esta parte de la población. En este sentido, la sociedad mexicana no ha asumido una nueva realidad que requiere de soluciones colectivas y públicas. Ni las familias ni el mercado pueden enfrentar exitosamente la creación de condiciones seguras y dignas que permitan a los adultos mayores disfrutar de sus últimos años de vida.

El sistema solidario de reparto

Antes de la aprobación de la reforma de la Ley del Seguro Social en 1995, los sistemas públicos de pensión y jubilación, básicamente los del IMSS y del ISSSTE, eran de “reparto simple” con beneficios conocidos. Es decir, tenían un fondo común administrado por un instituto público de seguridad social al que ingresaban las cuotas obrero-patronales y de la cual se pagaban pensiones. Así mismo, la ley fijaba el monto de la pensión que cobraría el trabajador cuando se jubilaba. La integralidad del sistema significaba, además, que los pensionados y jubilados mantenían su derecho a los servicios médicos de seguridad social.
El principio que subyace en este sistema es de solidaridad de los trabajadores activos con los inactivos, sea por edad o incapacidad. Tenía además un efecto redistributivo debido a que el monto de la jubilación no era estrictamente equivalente a lo que había cotizado el trabajador, lo que tendía a beneficiar a los trabajadores con los ingresos más bajos. La fórmula de cálculo de la pensión favorecía además a los asegurados con salarios bajos, ya que el porcentaje sobre el salario para la pensión era más alto para estos y bajaba conforme subía el salario (Ley del Seguro Social 1990).
Otra característica de suma importancia era el principio de usar los fondos sociales para fines sociales. De esta manera, los cuantiosos recursos acumulados en los fondos de pensiones se invertían en infraestructura social, como son clínicas, hospitales, centros de recreación, deportivos y culturales. Esto incrementaba el patrimonio colectivo de los trabajadores, no sólo en el momento presente sino también para las futuras generaciones. Esta inversión permitió al IMSS construir la red de servicios públicos de salud más importante de América Latina y, probablemente, de todo el continente americano.
El primer problema serio de este sistema de jubilaciones se manifestó cuando se disparó la inflación a finales de los años setenta, ya que la legislación no había previsto esta eventualidad. El resultado fue una caída indetenible del monto de las jubilaciones que no estaban indexadas al costo de la vida. Después de largas luchas, los jubilados y pensionados lograron que la pensión mínima no pudiera ser menor de un salario mínimo. También era claro que la cotización para el seguro de invalidez, vida, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM) era demasiado baja para cubrir el costo de la futura jubilación así como de las pensiones de viudez y sobrevivencia. En 1992 se incrementó la cotización para la jubilación en un 2 por ciento, que hubiera sido suficiente para refinanciar el sistema. Sin embargo, este aumento no se usó para esta finalidad sino para crear un nuevo seguro, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), entregado para su administración a los bancos privados e individualizado (Laurell 1997)
[Nota 14]
Encuentra el problema en el texto citado y páginas adelante, propone una serie de soluciones, que sin abandonar la carga de la seguridad social en los trabajadores, se refiere a aquellos que disfrutan de la seguridad social, como aparece en la pág. 63 de la obra citada, cuando dice:

“El derecho a la jubilación significa que todo ciudadano y toda ciudadana de determinada edad, por ejemplo a partir de los 65 años o, inicialmente, de los 70 años, recibiría una pensión de un salario mínimo haya o no hecho aportaciones a un fondo de pensiones. La idea que sustenta esta proposición es que, con poquísimas excepciones, toda la gente, hombres y mujeres, han contribuido a la sociedad, independientemente de haber tenido una relación laboral formal”. [Nota 15]

CAPÍTULO II - ASPECTOS CONSTITUCIONALES


2.1. Aspectos Constitucionales

En clase de Maestría, el Dr. Edgar Danés Rojas explicó cómo se llega a crear una constitución. Entre otros materiales y conceptos utilizados, se tuvo acceso a la definición de Ferdinand Lasalle, quien señala que una constitución es: la suma de los factores reales de poder.[Nota 16]
El significado de la anterior frase, lo trataré de explicar partiendo de que al darse la necesidad de crear o reformar una constitución, los Constituyentes, que son precisamente los representantes de los factores reales de poder, es decir, de los actores políticos con suficiente peso para reclamar en su favor, reclaman la inclusión en el texto de las diversas canonjías que a cada uno interesan.
Por ejemplo, al darse la Constitución Mexicana de 1917, los liberales nacionalistas, quisieron dejar escrito para siempre, la intención de que las riquezas del subsuelo no pasaran a manos extranjeras, lo que trajo como consecuencia el artículo 27, que precisamente establece la rectoría del Estado al respecto.
Los obreros, factor real de poder, pidieron y lograron la inclusión del contenido del artículo 123, que plasmó sus deseos y necesidades. Sólo ha podido ser mejorado, sin que desmerezca en modo alguno.
Así, cada uno de los artículos tiene su propia historia, que en múltiples ocasiones, llegó a saberse hasta mucho después de haber sido promulgada la Carta Magna.
Ahora, toca el turno a quienes pertenecen al México actual. Se quiere que México sea un país fuerte, rico, con credibilidad en sus instituciones y que dicha riqueza sea compartida por todos, no sólo que se deposite en unas cuantas manos.
Se está en posibilidad de agregar a la Constitución Mexicana, los mecanismos necesarios para obtener el sueño ya descrito.
Siguiendo estas ideas, aparece el texto del Maestro Enrique Pérez de León, quien al referirse al Derecho Constitucional, lo describe con un símil más que poético:
“…Nuestro concepto es distinto. Para nosotros el Derecho Constitucional es un árbol que hinca sus raíces en tierra que representa al pueblo en su historia, en sus necesidades y en sus aspiraciones, y de ella extrae la savia que lo alimenta. De su tronco surgen ramas primarias que constituyen las leyes ordinarias, ramillas que contienen las leyes secundarias y de ellas, hojas que representan los reglamentos, decretos, etc. El Derecho Constitucional no es un material estático, es dinámico, se transforma de acuerdo con las necesidades del pueblo, cuya satisfacción es la justificación de su existencia”.[Nota 17]
Las necesidades del pueblo y se debe agregar que del Gobierno, son crear riqueza, cubrir la Seguridad Social y las demás ya apuntadas. Se reitera la posición de crear un impuesto que consiga esto.

2.2. ¿Por qué es constitucional una disposición?

Una disposición, un artículo, se torna constitucional cuando se encuentra inmersa en el propio texto vigente. Para insertarla en el texto constitucional, se requiere la voluntad política de los actores de la escena pública en incluirla.
Así, han sido constitucionales, aberrantes medidas como la nacionalización de la banca, que tantos quebrantos causó al país. También, fue constitucional, en su tiempo, que sólo los varones pudieran votar. Fue, hasta hace cincuenta años, en el gobierno del Presidente Adolfo López Mateos, cuando se concedió, a rango constitucional, el derecho a votar a la mujer.
Al crearse el seguro social, sus cobros eran de carácter civil o mercantil. La realidad obligó a los constitucionalistas a encontrar como salida, el incluir en el texto de nuestra Carta Magna, que las Aportaciones de Seguridad Social adquirían el rango de constitucionales, otorgándole al seguro social la posibilidad de determinar sus cuotas vía fiscal, y por la misma vía, proceder al cobro.
Se reitera que el derecho cambia según cambian las necesidades.

2.3. ¿Qué son los impuestos?

Los impuestos se dividen en directos e indirectos sólo por cuestión de práctica, pues los tratadistas encuentran una serie de clasificaciones según sus propios criterios, y así, siguiendo a Sergio F. de la Garza, pueden clasificarse en directos e indirectos, reales y personales, objetivos y subjetivos, especiales o analíticos y generales o sintéticos, como también se pueden clasificar según las condiciones de establecimiento del impuesto, o según los sujetos del impuesto, o el periodo en que se desarrollan, o la estabilidad y elasticidad, o según su proporción con la base, etc. [Nota 18]
Para este estudio, sólo se abordan las dos formas que más comúnmente identifica nuestra sociedad, que son impuestos directos e impuestos indirectos.
No es propósito de este trabajo analizar a fondo los tipos, clasificaciones, orígenes y demás de los impuestos, por lo que esta materia queda a diverso estudio.

2.4. Los impuestos directos e indirectos.

Maneja el Maestro De la Garza, con relación a la clasificación de los impuestos directos e indirectos, lo siguiente:
“Según un criterio, son impuestos directos aquellos que el sujeto pasivo no puede trasladar a otras personas, sino que inciden directamente en su propio patrimonio; de acuerdo con este criterio sería impuesto directo el impuesto sobre la renta a los productos del trabajo, porque el trabajador a quien se le retiene el impuesto no puede trasladarlo a ninguna otra persona, recuperándolo en esa forma, sino que gravita directamente sobre su patrimonio. En cambio, son impuestos indirectos aquellos que, por el contrario, el sujeto pasivo puede trasladar a otras personas, de manera tal que no sufre el impacto económico del impuesto en forma definitiva; ejemplo sería en nuestro sistema fiscal, el impuesto sobre ingresos mercantiles, pues el comerciante mediante una adición al precio de las mercancías vendidas, lo traslada al consumidor y recupera el dinero que tuvo que pagar al fisco federal”.[Nota 19]
En este orden de ideas, como el IASSI se maneja al alimón con el IVA, que es un impuesto indirecto, deberá manejarse como impuesto indirecto, para el gusto de algunos tratadistas y el enojo de otros. Se debe recordar que existen tantas formas de clasificación como clasificadores haya.
Otra clasificación, se encuentra en Tulio Rosembuj que indica:

“Una clasificación convencional distingue entre impuestos directos e indirectos. Los primeros son los que gravan manifestaciones inmediatas de capacidad contributiva (renta, patrimonio, beneficios); los segundos son los que gravan manifestaciones mediatas (transmisiones de riqueza, consumo), hechos que denotan la existencia de renta o patrimonio.
Los sistemas tributarios pueden exhibir, alternativamente, predominio de los impuestos directos sobre los indirectos o viceversa. Así, en Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Canadá, U.S.A, entre otros, prevalecen los impuestos sobre la renta y los beneficios; mientras que en Austria, Noruega, Grecia Portugal, sucede lo mismo con respecto a los impuestos sobre bienes y servicios”
.[Nota 20]

CAPÍTULO III - DIFERENCIAS ENTRE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO SOCIAL


3.1. Desarrollo

Para analizar el presente rubro, se debe empezar diciendo que el Estado Mexicano tiene como una de sus finalidades esenciales dar respuesta a las aspiraciones sociales que alentaron las luchas históricas que ha vivido nuestro país por su naturaleza y origen. Cabe mencionar que el presente trabajo considera como objetivo fundamental procurar el bienestar para los desprotegidos, erradicar la pobreza privilegiando la atención a grupos, comunidades y zonas geográficas que padecen las más graves desventajas económicas. Busca, igualmente, un especial cuidado a la mujer, a los jóvenes, a los pueblos indígenas, jornaleros agrícolas, campesinos, indigentes, a las personas con discapacidad, a quienes viven la tercera edad y cómo olvidar a los niños de la calle, a quienes se considera son el sector más vulnerable de los ya mencionados.
Con lo anterior como antecedente y como finalidad del presente trabajo, no podrían pasar por alto dos instituciones fundamentales del derecho para lograr la consecución de lo arriba expuesto: los conceptos objeto del presente estudio como lo son la seguridad social y el seguro social.
El maestro Gustavo Arce Cano, en su obra
“De los Seguros Sociales a la Seguridad Social”, intenta una suerte aproximada del concepto de seguridad social, debido a su complejidad y la variedad de instituciones de que ésta se encuentra integrada, que a continuación se transcribe:
“La seguridad social es el instrumento jurídico y económico que establece el estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el derecho a un ingreso para vivir y a la salud, a través del reparto equitativo de la renta nacional y por medio de prestaciones del seguro social, al que contribuyen los patronos, los obreros y el estado, o alguno de estos, como subsidios, pensiones y atención facultativa, y de servicios sociales, que otorgan de los impuestos las dependencias de aquél, quedando amparadas contra los riesgos profesionales y sociales, principalmente de las contingencias de la falta o insuficiencia de ganancia para su sostenimiento y el de su familia".[Nota 21]
El artículo 2° de la Ley del Seguro Social, establece:
“La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.[Nota 22]
Por su parte, el artículo 4° establece:

“El seguro social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos.” [Nota 23]
Aquí, aparece que la respuesta que se busca con el análisis del presente tema no es muy complicada pues de la definición que antecede, se desprende claramente que la seguridad social es el género y el seguro social, la especie, es decir, que el seguro social es parte del sistema de seguridad social.
A continuación se establecen las principales diferencias entre ambas concepciones, según lo asientan Juan Francisco Rocha Bandala y José Fernando Franco G. S., en su obra
“La Competencia en Materia Laboral y los Tribunales de Seguridad Social”:
“Aunque se ha definido con criterio unánime que la Seguridad Social da protección al hombre contra las contingencias sociales, sus límites y su contenido no han sido precisados; así se dice que es la rama del conocimiento humano que tiene por objeto lograr el bienestar, el progreso y la paz social o bien, que la seguridad económica aunada a la libertad política nos da la Seguridad Social. Otra acepción habla de que la Seguridad Social engloba al conjunto de medidas adoptadas por la sociedad a fin de garantizar a sus miembros, por medio de la organización apropiada, una protección suficiente contra ciertos riesgos a los cuales se hallan expuestos".

La Seguridad Social originalmente fue conceptuada como un apéndice del derecho del trabajo, pero respecto a ello hay que hacer notar las siguientes diferencias: en tanto que el derecho laboral protege al trabajo subordinado y sus sujetos son los trabajadores, los patrones y las asociaciones profesionales, su fin es proteger al trabajador y su contenido parte del concepto del trabajo; la Seguridad Social ampara contra las contingencias sociales, y su fin es la seguridad bioeconómica del ser humano.
Los riesgos y las contingencias sociales son aquellas situaciones consistentes en hechos futuros e inciertos susceptibles de producir la disminución o la pérdida de la capacidad de ingreso habitual del ser humano.
Según Rodolfo A. Napoli, los riesgos por su origen pueden ser bio-laborales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), bio-económico sociales (paro, nupcialidad, carga de familia, etc.). Las diferencias entre la Seguridad Social y Seguros Sociales según Juan Menéndez Pidal son las siguientes:
a) Los Seguros Sociales pueden estimarse comprendidos en el campo de la prevención social; la seguridad social tiende a dar una certidumbre en los medios de subsistencia, valiéndose de ciertas garantías.
b) Los Seguros Sociales cubren el riesgo determinado; la Seguridad Social tiende a garantizar el bienestar del hombre durante toda su existencia.
c) El Seguro Social ampara al trabajador, la Seguridad Social ampara a la comunidad.
d) La Seguridad Social es el género, el Seguro Social es la especie.
e) La Seguridad Social es un complemento o conjunto de servicios conexos con los Seguros Sociales.
El contenido de la Seguridad Social ha sido concretado de la siguiente manera:
1. Una forma de interpretación actual de los Seguros Sociales.
2. Liga íntimamente la seguridad con instituciones económicas y políticas.
3. Tiene como contenido la idea de un mínimo de satisfacción de necesidad y bienestar.
4. Pretende asegurar satisfacción de necesidades desde antes de nacer hasta después de la muerte.
5. Coadyuva a la paz social.
6. Tiende no sólo a reparar sino a amparar, proteger, prevenir y asimismo a formar profesionalmente.
En cuanto a los Seguros Sociales, tienden a la protección de los trabajadores y de las personas débiles en el sentido económico, para eliminar los riesgos procedentes de hechos que signifiquen la pérdida de la capacidad de trabajo y por consiguiente, la falta de ingresos para el sustento individual o familiar o el aumento de gastos, situaciones ambas, que reclaman una ayuda imprescindible y necesaria para la subsistencia.
[Nota 24]
Pretender hacer una mejor clarificación de las diferencias entre Seguro Social y Seguridad Social, aparte de inútil, resultaría pretencioso, ante la claridad de los criterios transcritos.

CAPÍTULO IV - EL IASSI DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL


4.1. Introducción

Si ya se ha explicado que para que una disposición sea constitucional, lo único que se requiere es que sea elevada a tal rango, mediante el consenso de los factores reales de poder por conducto de los actores políticos, es propuesta central de este trabajo la inclusión en el artículo 4° Constitucional, del siguiente texto:
“El Estado procurará el ahorro para todos los mexicanos que servirá para garantizar la existencia de la Seguridad Social que consiste en velar por los discapacitados, los adultos mayores, los infantes, los niños de la calle, los desempleados y en suma, por todos los mexicanos, sin distingo de raza, sexo, condición social, religión o cualquier otro elemento de discriminación. El Ahorro se obtendrá mediante los mecanismos que disponga la ley respectiva”.
Es de destacar que la propuesta se refiere al artículo 4° y no al 123, ya que éste trata lo relativo a las relaciones obrero-patronales, lo que no es materia del esfuerzo que se somete a consideración.
Se reitera que el artículo 4° contempla diversas garantías a favor de los gobernados todos, y ese es el espíritu que alienta la tesis que se ofrece.
Una vez aprobada la inclusión del texto propuesto, habrá de dirigirse la atención a la ley respectiva.
Aquí, la propuesta es crear una LEY PARA EL AHORRO Y LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MEXICANOS, que a reserva de presentarla por separado de manera total, tendría como postulados principales: recoger la garantía del ahorro a favor de los mexicanos; establecer los medios para proporcionar asistencia médica; habitacional; de préstamos educativos; del manejo de apoyo a la cultura; del manejo del apoyo al deporte; de seguro de desempleo; de devolución de partes proporcionales; de formas de transmitir el monto de lo ahorrado; del trato a los migrantes; del trato a los campesinos; del trato a los adultos mayores; de cómo habrán de aportar empresas mexicanas, extranjeras y el propio gobierno; en fin, de los diferentes esquemas en que habrá de garantizarse la seguridad social a los mexicanos.
Existen varias figuras jurídicas que se encuentran inmersas en el capítulo dogmático de la constitución que no tienen aparejada forma de hacerlas exigibles. Es decir, que se presentan como una garantía del gobernado, sin que exista el mecanismo jurídico que de vigencia a ese derecho. Específicamente la garantía a una infancia feliz, al derecho a la salud, etc., que por cierto, aparecen en el propio artículo 4° ya comentado.
Sin embargo, no se está en el mismo escenario, ya que lo propuesto resultará ser una verdadera garantía, con el juicio de amparo como bastión último para tornar efectivo el derecho consagrado, pues en caso de incumplimiento de los órganos encargados de atender lo expuesto, la autoridad federal podrá exigir al organismo que se proporcionen los servicios, con independencia de los fondos.
Tal afirmación nace del conocimiento existente de que mediante el ahorro sistemático de más de cien millones de mexicanos, se podrá dar vigencia real a lo ofrecido.

4.2. Formas de aplicación del IASSI

Para saber cómo habrá de aplicarse, la respuesta se encuentra en el plan de la Conago, al que se ha hecho referencia, claro, sin que esto hubiera sido propuesto en la forma que ahora se hace.
La Conago propuso y se aceptó por la inmensa mayoría, que del IVA, un 2% se aplicara a favor de los estados. Es decir, se propuso bajar la tasa del IVA, del 15% al 13%, como impuesto federal indirecto, recaudado por el fisco federal, y con aplicación y distribución directa de las autoridades hacendarias fiscales federales, y se dejó en libertad a los estados, para que aplicaran en su favor, un impuesto indirecto del 2%, lo que sería aplicable en los términos y para los compromisos de los propios estados. La población seguirá pagando un 15%, pero dividido en dos partes: un 13% para la federación y un 2% para los estados.
En este escenario, la federación prevé que los estados tendrán un mayor interés en aumentar el universo de contribuyentes, pues en la medida en que tengan mayores causantes del impuesto, aumentará la recaudación.
Sin embargo, en opinión del autor de estas líneas, la gente seguirá tratando de eludir o evadir el pago del impuesto, pues para ella, no existe beneficio. De algún modo, se ha escuchado la frase: “vale cien pesos, pero si quiere factura, le cobro el IVA aparte”. La respuesta, por sabida se calla.
En estos casos, pierde la federación, perderá el estado y las cosas seguirán iguales.
Ahora sí, la propuesta es que la federación sacrifique una parte de su impuesto, de tal manera que quede la mayoría para la federación, un 2% para los estados, y el tanto que sea el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto.
Si la gente sabe que de lo que pague de impuestos, le corresponderá una parte, la propia población será la más interesada en que le expidan factura, pues sabe que le conviene.
Habrá que explicar cómo es que le conviene.
La forma que se propone para recaudar el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto, es mediante la expedición de tarjetas con códigos de barras y banda magnética, que permitan identificar cada erogación que se realice a nombre de una persona, y le acumule dinero en dicha cuenta. Esto se hará de manera electrónica.
Resultará válido iniciar creando una cuenta por cada una de las personas que tengan un número o dato de identificación certero del gobierno federal. La credencial para votar con fotografía no resulta aplicable, pues sólo cuentan con ella los ciudadanos, y no todos.
Sin embargo, existe la Clave Única de Registro de Población (CURP), que contiene información de cada habitante del país, pues se otorga a los menores de edad, junto con su acta de nacimiento.
Es importante mencionar que Visa anunció que el número de tarjetas de débito con su marca en América Latina y el Caribe sobrepasó los cien millones en dos mil tres. Además informó que las transacciones en el punto de venta con esas tarjetas aumentaron ese año un 42% a US $10,000 millones. Lo anterior implica que existe el software necesario para capturar los datos de más de cien millones de cuentas.[Nota 25]
Por cuanto hace al costo de las terminales a instalarse en los negocios, los recursos para los mismos habrán de salir de las propias aportaciones que hagan las empresas, ya que podrán recuperar en su totalidad lo erogado de sus aportaciones derivadas del pago de mercaderías. Esto es, que sus primeras aportaciones como empresa, las podrán recuperar justificando el costo de la o las terminales que instalen, previa revisión que al efecto realice personal de la Secretaría del ramo.
¿Qué sucede cuando una persona pierde su tarjeta del IASSI? Que si alguien pretende hacer uso de ella, lo que hará será incrementar el monto de la cuenta del titular.
¿Qué sucede si una persona obtiene varias tarjetas? Que las puede repartir a sus familiares y amigos, y varios, estarán incrementando su fondo de ahorro para el retiro.
¿Qué sucede cuando es el gobierno el que paga el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto? Como los gobiernos federal, estatal y municipal están obligados por ley, a otorgar pensiones vía ISSSTE o sus equivalentes, y para ello disponen de su propio presupuesto, los pagos que realicen se destinarán al apoyo de aquellos que no tienen acceso a seguridad social, es decir, de aquellos seres marginados, v.gr., los indígenas y campesinos, los adultos mayores que no tienen acceso a seguridad social, quienes trabajaron como comisionista o profesionista de manera libre, y que necesitan apoyo. Ésos, serán los que reciban los pagos que por el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto realicen los gobiernos.
Deberá crearse una cuenta única, manejada por el Organismo Público que al efecto deberá crearse, dependiente de la Secretaría del ramo, en la que se aplicarán los importes pagados por las personas morales oficiales, y por ley, se destinará única y exclusivamente en beneficio de los que no tienen acceso a seguridad social.
¿Qué sucede cuando es una persona moral privada, es decir, un patrón establecido, el que paga el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto? Que los fondos que acumule, se apliquen a cubrir y minimizar sus pagos de seguridad social al IMSS. Si una empresa compra un vehículo, de, digamos ciento cincuenta mil pesos, pagará de Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto un mil quinientos pesos, tomando como base sólo un 1%, lo que le permitirá cubrir por varios bimestres, el costo de un trabajador.
¿Qué sucede cuando es un extranjero, o una persona que no muestra tarjeta alguna al momento de hacer la operación? Que los fondos se destinen a la cuenta única, manejada por el gobierno federal mediante el Organismo dependiente de la Secretaría que al efecto se instituya, para estar en posibilidad de brindar seguridad social a quienes no tienen acceso a la misma.
¿Qué sucede cuando es un órgano de gobierno el que cobra derechos, aprovechamientos, impuestos prediales, impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, etc.? En estos casos, y a efecto de contribuir a crear conciencia y cultura de pago en las personas, resultará válido que el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto sea del 10% del importe de lo que cobre el gobierno.
¿A qué edad se puede empezar a acumular fondos? Desde el nacimiento. Si se determina que el pago del parto y de los gastos hospitalarios, con los impuestos correspondientes, se realice a nombre del recién nacido, tendremos que el menor, podrá empezar su vida con un aporte de seguridad social y un ahorro, que le servirán en el futuro.
¿Qué sucede en el caso de los estudiantes? Si el joven ha venido acumulando dinero en su cuenta de ahorro, al llegar a la mayoría de edad podrá ingresar a una universidad pública, que no es gratuita, y ésta podrá disponer, hasta el cincuenta por ciento de los fondos disponibles del alumno, para costear sus estudios.
¿Qué sucede en el caso de los trabajadores migrantes? Éste es un problema muy real y actual. Los migrantes mexicanos, que representan una parte de la población económicamente activa muy importante, y que ingresan al país fondos cuantiosos, no gozan de seguridad social ni en su país, que es México, ni en el que los recibe de manera forzada. Son mexicanos en plenitud de facultades, fuertes, con ganas de progresar, tanto, que parten en busca del milagro que los convierta en verdaderos hombres productivos para sus familias. En este caso, la propuesta es muy noble, pues cada vez que realicen erogaciones y paguen exhibiendo su tarjeta, o sus familiares compren exhibiendo éstas, habrán generado en su favor, un punto para su seguridad social, lo que los va a convertir en beneficiarios de una seguridad social que actualmente se les niega en ambos países.
¿Qué sucede en el caso de los que se encuentran recluidos en cárcel? El recluso pierde, entre otros, sus derechos como ciudadano y no se encuentra en posibilidad real de acceder a seguridad social, precisamente por encontrarse privado de la libertad. Mas sus familiares, o él mismo, pueden adquirir como causantes de IVA y pueden ir generando beneficios en su favor. Al salir de prisión, encontrarán un país que los invita a la readaptación social, sabiendo que sus necesidades básicas de atención médica y pensiones por edad avanzada, están garantizadas.
Inclusive, los costos de atención médica no impactarán en los presupuestos de las instituciones carcelarias, pues para ello, está la seguridad social.

4.3. El IASSI y los adultos mayores

Duele, y mucho, ver personas que han concluido su vida laboral, que tuvieron plazas federales de maestros, palabra que siempre debe ser dicha con honores, empleados de alto rango, como duele ver obreros de la construcción, de la industria pesada, de cualquier tipo, vamos, mendigando una pensión jubilatoria de aproximadamente un mil pesos mensuales. Habrá casos, los menos, de pensiones de dos, tres o cuatro mil pesos mensuales, pero aún así, resultan insuficientes.
Tenemos también, el caso de jubilaciones del tipo de los bancos, de algunas empresas descentralizadas, en las que la pensión conserva su valor, pero muriendo el titular, lo que recibe la viuda ya no se incrementa, y entonces, ahí duele.
El titular del Gobierno del Distrito Federal, ha implementado un apoyo de aproximadamente seiscientos pesos mensuales a favor de
“los viejitos”, el voto blanco como se ha denominado. Pero está otorgando como dádiva graciosa lo que debe ser un derecho por el simple hecho de ser mexicano.
Ahora bien, sin un origen directo y real de los fondos destinados al apoyo de los adultos mayores, el programa dejará de funcionar en el corto plazo, precisamente por falta de soporte económico. El presupuesto se agota.
En este trabajo se plantea que todo aquel que se encuentre pensionado por enfermedad, cualquiera que sea su edad, y cualquiera que haya arribado a los sesenta años, por ese sólo hecho, reciba junto con su pensión, el importe de los pagos de Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto que haya realizado en el mes inmediato anterior. Es decir, si un adulto mayor adquiere bienes por el importe de su pensión, aproximadamente dos mil pesos, y paga un 1% de Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto, es decir, veinte pesos, recibirá esos veinte pesos el mes siguiente adicionales a su pensión.
Claro, en los casos en que la pensión sea mayor, mayores serán los gastos, el pago de impuestos, y por ende, el monto de la pensión.
Aún más, los hijos adultos pueden realizar operaciones de compra de bienes y servicios, mostrando la tarjeta de sus padres, para que el mes siguiente, éstos reciban
“copeteada” su pensión.
En los casos en que la persona haya generado el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto por varios años, al llegar a los sesenta, tendrá derecho a percibir un porcentaje de su ahorro, que le permita planificar su vida como retirado. Puede llegar a dicha edad, y no solicitar nunca ese porcentaje.
Al morir el adulto mayor, puede dejar como beneficiario de su cuenta, a cualquiera de sus descendientes, de preferencia menores de edad, con lo que ayudaría, aún después de fallecido, a sus seres queridos. Cuando no deje pliego testamentario y no haya herederos legítimos, se dispondrá que el saldo pase íntegro y sin derecho a reclamación, a favor de la cuenta única manejada por el Gobierno Federal.

4.4. El IASSI y los menores “cerillos”

La ley, al tratar de proteger a los menores de edad, cumpliendo con lo establecido en los diversos convenios internaciones suscritos por nuestro país, amén de seguir el espíritu del Constituyente del 17, niega la posibilidad jurídica del trabajo a los menores de edad. Es decir, está prohibido contratar menores de edad como trabajadores.
Sin embargo, es una realidad palpable en cualesquier ciudad del país, ver en las cajas de las tiendas de autoservicio, cientos de niños menores de edad, empacando bolsas, acarreando carritos de mandado, sólo por la propina. La tienda no está en posibilidad jurídica de extenderles un contrato de trabajo, por lo que ante la realidad imperiosa de que los niños necesitan el trabajo, la autoridad permite la explotación y los menores están desprotegidos.
En este caso, se propone que la empresa, ajenos a los pagos que realice y a los que recaude, es decir, sólo por tener a los menores, pague por cada uno de ellos, el equivalente a medio salario mínimo diario. Cantidad fabulosa, si consideramos que íntegra, se aplicará en la cuenta del menor. De esta suerte, al llegar a la mayoría de edad, habrá acumulado lo suficiente para costearse sus propios estudios, o para establecerse por su cuenta. Del cómo hacer esto, se verá más adelante. Si la empresa no desea pagar, que contrate trabajadores en forma.

4.5. El IASSI y las empresas de gobierno

El gasto público alcanza enormes proporciones. Sin embargo, no todo el gasto público paga impuestos. Esto es así, porque los fondos destinados a pago de salarios, no pagan impuesto, ni directos ni indirectos. El trabajador que percibe el salario, deberá pagar el Impuesto Sobre Productos del Trabajo, pero no el patrón.
Los gastos de inversión, que implican transacciones internacionales, tampoco pagarán dicho impuesto. La nación extranjera no lo aplica.
Sin embargo, mucho de ese gasto se realiza en compras a proveedores, los que están obligados a extender factura al gobierno. Y ahí, se cubrirá el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto, mismo que debe aplicarse, como ya se ha visto, sólo a favor del gobierno y sólo para seguridad social. Cualesquier otro destino, v.gr. aplicarlo a cuenta del titular de la oficina, o de los empleados, deberá considerarse delito grave, pues atenta contra la seguridad social colectiva.
¿Qué hacer en estos casos? Lo correcto será que cada aportación que haga el Gobierno, en sus tres niveles y en sus tres poderes, sea aplicado a una cuenta única, controlada por el Organismo dependiente de la Secretaría del ramo, que sirva para apoyar a quienes no puedan generar aportación alguna.
La referencia en estos casos, es a aquellos que han quedado en cesantía por causas ajenas a su voluntad, pero capaces y aptos, con compromisos, quienes podrán recibir un porcentaje de lo que han aportado, adicional al apoyo que brindará el Gobierno, para ayudarles a conseguir nuevos empleos. Es decir, se podrá instrumentar que en aquellos casos en que alguien haya venido aportando de manera sistemática, con regularidad, fondos a su cuenta, y repentinamente pierde su empleo, podrá recibir hasta un cincuenta por ciento de lo recaudado, en seis disposiciones mensuales iguales, que le permitan subsistir hasta que encuentre un nuevo empleo. Se está en presencia del seguro de desempleo.

4.6. El IASSI y las empresas privadas

En el caso de las empresas privadas, permitir que el propietario, persona física, acumule a su favor el tanto del IASSI, resultaría desproporcionado y ajeno al propósito de este trabajo.
En el supuesto a estudio, deberá establecerse que el propietario, persona física, cuando compre con factura a nombre de la empresa, persona moral, sólo podrá obtener a cambio, acumulación de ese porcentaje, en favor de la empresa.
Esto quiere decir, que las empresas también obtendrán ahorro, y el mismo podrá aplicarse a compensar otros impuestos, o pagos de seguro social, sin que pueda acumularse a favor del propietario, y sin que en ningún caso lo compensado con otros impuestos, sea superior al 30% de lo acumulado por período.
Cuando pida comprobante a título personal o su tarjeta reciba el beneficio, dicho beneficio en su favor, no podrá deducirse de impuestos de la empresa privada, persona moral ajena al propietario, por lo que deberá ser muy cauto al respecto. Deberá tenerse como delito fiscal el acreditar a favor del particular lo que cubra la empresa. Al ser fondos de ahorro propiedad de la empresa, podrán formar parte de sus activos como tales, y podrán ser cedidos al ceder la empresa, que es la propietaria de dicho beneficio.

4.7. El IASSI y los campesinos

Si la función del instrumento a aplicar, es la de generar ahorro para contribuir a la riqueza nacional, así como privilegiar la inversión y la seguridad social, definitivamente que uno de los sectores más desprotegidos lo es el de los campesinos, ejidatarios, comuneros y demás gente del campo.
En este caso único y excepcional, precisamente por estar conformado por diversas etnias, al igual que a todos los mexicanos, se les proporcionará su número de cuenta, en el que se podrá acumular en su favor el porcentaje de sus gastos.
Sin embargo, y toda vez del carácter social y de apoyo que persigue esta medida, a aquellos que acrediten encontrarse laborando, se les podrán otorgar créditos, esos sí, reales créditos, que deberán pagar al momento de sus cosechas, y a los que podrán aportar hasta un cincuenta por ciento de lo que tengan acumulado en su favor.
Por supuesto, en los casos de los ancianos y de aquellos que no puedan proporcionarse el sustento diario, deberá concedérseles una pensión, al igual que a todos los demás mexicanos mayores de 60 años.

4.8. Formas de recuperar lo cubierto por IASSI

Ya se ha venido estudiando en cada caso en particular, la forma en que se puede recuperar lo aportado.
Sólo falta establecer que para que exista el ánimo de dueño, que el depositante pueda disponer, a su arbitrio, de cierta parte de los fondos acumulados.
Se pretende autorizar un retiro cada tres años, de hasta el 25% de lo acumulado, sin necesidad de que exista compromiso del depositante de pago alguno por dicho dinero. Vamos, si es el dueño del caudal, a título de dueño, no está obligado a darle cuentas a nadie del destino final de sus fondos. Pero eso sí, jamás podrá disminuir su saldo del que haya tenido en anterior ocasión.
Los jóvenes estudiantes, podrán disponer de hasta el cincuenta por ciento para costear sus estudios.
Los niños de los supermercados, de igual modo podrán pagar su asistencia a la escuela.
Las personas físicas podrán disponer cada tres años, de hasta un 25% de lo aportado.
Quienes pierdan su empleo, podrán recibir hasta el cincuenta por ciento de lo acumulado, en seis disposiciones mensuales, hasta que hayan conseguido un nuevo empleo. Perderán así mismo, derecho a retiro alguno en los siguientes cinco años, por lo menos, con excepción de los casos en que de nueva cuenta pierdan su empleo. Habrá de tenerse cuidado con los defraudadores, los que deberán castigarse con los elementos que al efecto se determine por la ley respectiva.
Los adultos mayores percibirán una pensión de cuando menos dos salarios mínimos, cuando su total de aportación haya sido inferior a determinada cantidad. Cuando exceda lo necesario, según estudios actuariales, podrán otorgarse pensión de lo que produciría en banca comercial, la cantidad acumulada.
Para el caso de los que no han aportado nada, de igual modo se les proporcionará pensión, siempre y cuando cuenten con más de sesenta años de edad. Siempre.
Las empresas privadas, de la totalidad de lo que vayan acumulando, podrán disponer para el pago de otros impuestos, de hasta el treinta por ciento de lo acumulado por periodo, de tal suerte que siempre vaya en incremento su cuenta.
Lo cubierto por las personas morales oficiales, deberá aplicar a favor del Organismo Público de la Secretaría del ramo que al efecto deba crearse, a fin de que en apoyo a la clase social más vulnerable, se le pueda proporcionar la seguridad social que requiere.

CONCLUSIONES


De lo aquí expuesto, se puede deducir que el mecanismo jurídico propuesto, gravará con una parte del IVA, todas y cada una de las operaciones que se encuentren afectas al pago de este impuesto.
Definitivamente, tal como en su oportunidad, se incluyó lo relativo a las aportaciones de seguridad social en la Constitución, a efecto de legitimar el cobro de dichas aportaciones, en el caso a estudio, será necesario:
1. Introducir en la Ley Suprema, el derecho a garantizar el ahorro y la Seguridad Social de la población, no sólo de los trabajadores, lo que válidamente puede realizarse en el artículo 4° Constitucional, con el agregado ya expuesto.
2. Expedir la Ley del Ahorro y la Seguridad Social, la que recogerá los puntos anotados en el presente trabajo.
3. Crear la Secretaría de la Seguridad Social, que aglutine a los entes encargados de velar por la Seguridad Social, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la parte correspondiente de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los Gobiernos Estatales, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda para los Trabajadores, etc.
4. Establecer claramente que la Seguridad Social compete al Estado, y que a efecto de cumplir su obligación, será necesario fomentar el ahorro nacional, mediante la aportación del equivalente a una parte del Impuesto al Valor Agregado, en cuentas perfectamente individualizadas, que podrán ser manejadas indistintamente por el Estado, mediante la Secretaría, el organismo o dependencia que al efecto se establezca, o por medio de la banca comercial, a elección del titular de la cuenta.
5. Transferir el saldo de las cuentas SAR y AFORES existentes a las cuentas que se abrirán con motivo de esta ley, las que podrán seguir siendo las que tenga el trabajador, sólo que con controles de la Secretaría, y adecuar las disposiciones legales necesarias para que la Secretaría pueda manejar las cuentas que se abran en defecto de las instituciones bancarias, en el entendido que no es función bancaria, sino de manejo de ahorro nacional.
El saldo de estas cuentas no será reclamable vía laboral, sino que se transferirán los fondos a quien se haya designado heredero o legatario, a efecto de incrementar siempre el monto de los ahorros nacionales.
6. Con la creación de la Secretaría del ramo, a la que se transferirán los recursos de las dependencias que habrá de aglutinar, deberá modificarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, a efecto de que los fondos provenientes del ahorro nacional, se ubiquen de manera directa en las arcas de la Secretaría, quien dispondrá de ellos para los fines previstos en la ley.
Con lo expuesto, se concluye deseando que se haga realidad el proyecto aquí esbozado.

BIBLIOGRAFÍA


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LEGISLACIÓN

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OTRAS PUBLICACIONES

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EL NORTE Año LXVI. Nacional 5A. GUERRERO Claudia y Mayolo López. 07 de febrero de 2004.
EL NORTE. Año LXVI NEGOCIOS. GALÁN, Verónica y Arturo Guerrero. 10 de febrero de 2004. pág. 5A.
EL NORTE. Año LXVI Nacional. PLAZA PÚBLICA. Miguel Ángel Granados Chapa. 14 de abril de 2004.
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